Ni una vacante sin cubrir: Andalucía debe cumplir con el RDL 412/2014
Un año más el proceso de admisión de Medicina sigue la vía del esperpento y la descoordinación. Cada comunidad autónoma, y en algunos casos cada universidad dentro de una misma región, siguen haciendo la guerra por su cuenta intentando cubrir las plazas de acceso a Medicina, y al resto de grados, de forma lenta y prehistórica. Fruto de su descoordinación y de negarse, como cada año, a establecer un procedimiento único de acceso, cada región sigue haciendo llamamientos por su cuenta. Como los alumnos no tienen garantizada la plaza, se ven obligados a rellenar hasta 17 solicitudes de acceso (una por distrito universitario) y en cuanto las notas van bajando éstos, lógicamente, sólo aceptan una plaza y van liberando o rechazando el resto.
Esto provoca dificultades para cubrir plazas en las universidades de forma eficiente, entrando en una espiral de llamadas que se prolonga durante semanas y llegando en algunos casos a diciembre.
Llamar más gente que plazas, la confirmación de lista de espera, los llamamientos presenciales y otros parches son usados por las universidades para intentar agilizar el proceso, pero ninguna consigue cerrarlo de forma óptima.
Hasta el año 2021, todas las facultades de Madrid excepto Alcalá (Complutense, Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid) decidían arbitrariamente cerrar el proceso de admisión, con carácter general a primeros de septiembre, admitiendo un exceso de alumnos sobre las plazas ofertadas o exactamente dicho número. Como el proceso está interrelacionado, los avances en otras regiones y los retrasos en gestionar anulaciones daban lugar a que pasados unos días lo que era un exceso de plazas pasase a ser la no cobertura de la totalidad de plazas.
La Complutense se negó el año pasado a cubrir 10 vacantes, mientras que la Autónoma de Madrid y la Rey Juan Carlos reactivaron el proceso en octubre presionados por los estudiantes en espera y la labor encomiable de los Defensores Universitarios de estas universidades que consiguieron llevar a las universidades por el camino de la legalidad. El caso más claro fue la Rey Juan Carlos: pretendía cerrar con 20 vacantes sin cubrir y la nota acabó bajando desde 13,21 a 13,11. Algo parecido ocurrió en la UAM y como efecto indirecto, la única cumplidora, Alcalá, vio como la nota también se reducía hasta el 31 de octubre.
Este precedente llevó este año a que todas las universidades de Madrid hayan pactado mantener abierto el proceso de admisión hasta el 15 de octubre y a realizar un número de llamamientos / comunicaciones por SMS inédito hasta la fecha.
Sin embargo, los avances logrados en la Comunidad de Madrid, contrastan con lo que está ocurriendo en Andalucía. Hasta el año 2017, las llamadas "listas de resultas" se extendían hasta finales de octubre o primeros de noviembre. Desde entonces, se ha dado un proceso de recorte que el año pasado provocó el cierre del proceso el 5 de octubre y este año la última carga de nuevas admisiones en el sistema se ha producido el 23 de septiembre. Es decir, Andalucía ha reducido la duración del proceso de admisión 40 días, pero ni ha adelantado su inicio ni el resto de universidades ha cambiado significativamente sus procesos de modo que Andalucía pudiera ser más óptima en sus procesos.
El funcionamiento del proceso de admisión provoca que aunque Andalucía pueda cerrar el 23 de septiembre con todas las plazas cubiertas, las posteriores renuncias como consecuencia de que el resto de España tiene el proceso abierto hasta la segunda quincena de octubre no sean cubiertas. Y esto entra en choque con el RDL 412/2014 que obliga a cubrir todas las plazas previamente ofertadas. Porque una plaza ofertada cuya matrícula resulta anulada no puede considerarse una plaza ocupada, que es lo que intenta aplicar Andalucía, como antes Madrid, para quitarse el problema de encima.
Se podría dar el absurdo de que una facultad oferte 100 plazas, admita a 200 estudiantes en julio y cierre el proceso. "Para no estar llamando indefinidamente". Y después se encuentre con que sólo hay 80 matriculados. Y entonces alegara que en julio cubrió las plazas y que no es su culpa y que cumple la ley. Esto es lo que está haciendo Andalucía, pero cambiando julio por el 23 de septiembre.
Asi, en un alarde de querer quitarse el problema de encima, el distrito único andaluz dice en su página web en su apartado de preguntas frecuentes, lo siguiente: https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=faq
Una vez terminadas las resultas, ¿se siguen llamando a solicitantes para cubrir las plazas libres?
No, ya que no quedan plazas libres habiendo lista de espera, sino que los alumnos finalmente matriculados en cada grado supera en algunas personas a las plazas inicialmente previstas. (...) Como se ha dicho anteriormente, se toma esta medida porque el proceso debe ser finalizado en algún momento y no se puede continuar indefinidamente convocando a una persona, que deja una plaza libres, que a su vez provoca otra.
El asunto es sencillo:
1) Las universidades y las diferentes comunidades autónomas quieren trabajar sin coordinarse con el resto. Es decir, funcionar como 17 entes en lugar de como un país coordinado.
2) Esta descoordinación provoca que el proceso pueda derivar en infinito por las sucesivas renuncias y liberaciones de plazas.
3) En lugar de arreglarlo, se quitan el problema de encima imponiendo una fecha de cierre del proceso y con ello perjudicando a los alumnos que se quedan en los primeros puestos de listas de espera.
4) En definitiva, son víctimas de su propio proceso, pero lo pagan convirtiéndose en verdugos para los estudiantes en espera.
Ante esta situación, y como ocurrió inicialmente en Madrid en 2021, ante la falta de voluntad de cambiarlo, recomendamos a todos aquellos estudiantes en lista de espera en Andalucía que soliciten datos respecto de las matrículas en vigor, esto es no anuladas, de nuevo ingreso en el Grado de Medicina en las universidades andaluzas. Y que para ello, se dirijan al organismo competente que en el caso andaluz no son las universidades si no el Distrito Único, y en particular la Dirección General de Universidades.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/universidadinvestigacioneinnovacion/consejeria/sgu/dgcu.html#toc-funciones
Exigiendo, además, el cumplimiento del RDL 412/2014. Como es muy posible que el Distrito Único se niegue a cambiarlo, con las respuestas obtenidas el paso paralelo será poner la situación en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.
Las administraciones públicas deben estar al servicio del ciudadano y éste no deja de ser un ejemplo en el que su ineficiencia y sus consecuencias tratan también de estampárselas a los propios estudiantes y sus familias, en lugar de corregir los problemas o asumir las consecuencias de su voluntaria descoordinación.
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